A pesar de los grandes esfuerzos que desarrolla el gobierno departamental, las fuerzas militares, las ongs y las mismas víctimas, las guerrillas siguen sembrando minas antipersona en distintos municipios de Antioquia.
En lo que va corrido de año han resultado 122 personas afectadas, entre heridos y muertos, por estos artefactos explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. Solo en Tarazá se han presentado 35 víctimas entre enero y septiembre. Frente a esta situación, la gobernación de Antioquia sigue desarrollando su programa contra minas, esperando llegar a 80 municipios afectados, en tres frentes: “nosotros trabajamos en educación y prevención en el riesgo de minas para que la gente aprenda a mitigar ese riesgo y atenuarlo, apoyamos en la innovación tecnológica para disponer de mecanismos que nos ayuden a enfrentar el problema y les ayudamos a los pelotones del desminado humanitario, o desminado de emergencia, con gasolina, vívieres, y les vamos a entregar próximamente una ambulancia al grupo que ha estado haciendo un trabajo magnífico en los municipios de San Carlos y San Francisco”, aseguró Andrés Julián Rendón, secretario de gobierno del Departamento. En total la administración invierte más de mil millones de pesos anualmente en estos tres componentes en los municipios afectados de Antioquia. Este trabajo se apoya a su vez con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en la asistencia humanitaria a las víctimas, con el Hospital San Vicente de Paúl en la atención médica y la rehabilitación, y con Handicap Internacional que llena los vacíos de la ruta, como es la atención psicosocial, al igual que la Fundación Mi Sangre, entre otras.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
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